El lobby progresista que impulsó el género y el aborto en la última asamblea general de la OEA apostó alto y perdió. Contra toda expectativa sufrir tres amargas derrotas.

En la 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se libró una batalla. Desigual y, en cierto sentido, brutal. En el centro de la disputa había un documento: el proyecto de resolución ‘Promoción y Protección de Derechos Humanos’.

Un texto complejo. Elaborado desde la perspectiva de los ‘nuevos derechos’. No fue aprobado el año pasado, en la asamblea de la OEA realizada en Cancún, falta de consenso. El documento introducía, de forma abierta y clarísima, términos vinculados a una ideología: la de género.

Este año la 48 asamblea se realizó en Washington, en la sede de la OEA, los días 4 y 5 de junio y el lobby progresista elevó la apuesta. Y perdió.

Aquí es necesario hacer una observación. Si usted lee el documento aprobado en la asamblea, podrá encontrar que el numeral XII lleva por título: “Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación y la Violencia contra las Personas LGBTI”. Entonces, ¿Cómo que perdió?

Perdió porque pretendían llevarse carro completo y no lo hicieron. Esperaba “llevarse todo” lo que no pudieron en 2017, sobre todo, porque llevaban bajo el brazo, o mejor, en la manos y de frente, como ‘escudo protector’, la polémica opinión sobre ‘género’ emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de 2017 y publicada por el colegiado en enero de 2018.

En ella el tribunal hizo una interpretación ‘evolutiva’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, y aseguró que este documento basilar para la OEA contempla “la orientación sexual, la identidad y la expresión de género” como categorías protegidas en su artículo primero.

Este, a la letra, dice que rechaza rechaza cualquier tipo de discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Según los magistrados las “categorías de género y orientación sexual” estarían contempladas en la expresión “cualquier otra condición social”.

A pesar de ser una ‘opinión consultiva’, solicitada de forma amañada por el gobierno de Costa Rica, la Corte pasó a ‘ordenar’ que se proteja el ‘derecho’ al ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo y que donde no existe se establezca a través de procesos legislativos o administrativos.

También ordenó la adecuación de los procesos de registro civil y otros conexos para que se acepte la ‘identidad de género’ autopercibida, incluso en niños y menores de edad. Todo ello, según la mayoría de los magistrados, es vinculante para todos los Estados del continente.

La secretaria general de la OEA y el ‘LGBT Core Group’ – bloque integrado por Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile – querían insertar una mención al acto de la Corte en la resolución

“Esto, es evidente, extrapola el mandato que la Corte recibió y confronta el Estado de derecho. No puede anular así la autonomía de los parlamentos de cada país”, explica Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, de México.

“Tergiversar la Convención para hacerla decir lo que no dice es abusivo. La función de la Corte Interamericana es interpretar la convención, no reinterpretarla para acomodarla a posiciones ideológicas ajenas al derecho, a la legislación de los países, a las culturas de nuestros pueblos y a la voluntad de sus ciudadanos”.

Además, dice Cortés, el Tribunal “se equivocó gravemente en el fondo y en la forma. En la forma porque debería de saber que las respuestas a las preguntas nunca son vinculantes. Menos para los países que no formulan la pregunta. En el fondo porque la orientación sexual y la identidad de género nunca formó parte de la Convención Americana que -sin embargo- si habla expresamente del hombre y la mujer cuando se refiere al matrimonio”.

Pues bien. La secretaria general de la OEA y el ‘LGBT Core Group’ – bloque integrado por Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile – querían insertar una mención al acto de la Corte en la resolución, como si tuviera caracter normativo.

Una sola línea. Si aprobada por consenso en la 48 asamblea, hubiera sido suficiente para ‘legitimar’ la opinión consultiva que ha sido insistentemente contestada por juristas y organizaciones ciudadanas de toda la región. Su supuesto caracter vinculante fue colocado en entredicho incluso por el vicepresidente del Colegiado, Eduardo Vio Grossi, que el pasado 14 de marzo, en un conversatorio de la Universidad Católica de Costa Rica, afirmó:

“Una opinión consultiva es eso, una opinión, y nada más, […] la que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos [a petición de Costa Rica al respecto del llamado matrimonio igualitario] no es obligatoria, a menos que el Estado determine que así debe ser. […] Son como las lentejas, sí quieres, las comes; si no, las dejas“.

Además de pretender integral el acto de la Corte en la resolución en cuestión, el gobierno de Canadá quería aprobar dos menciones a los “derechos sexuales y reproductivos” en el numeral XV de la resolución. Con este eufemismo, la diplomacia canadiense pretendía que, por primera vez, se contemplara como ‘derecho humano’ el aborto en una resolución del órgano hemisférico.

Pensaban también que el debate sobre los conceptos vinculados género consumirían la atención de los gobiernos que habían manifestado reservas y del cabildeo de organizaciones ciudadanas, por lo que estas dos maniobras podrían pasar desapercibidas.

Apostaron alto con las dos ‘jugadas’ y, contra toda expectativa, las perdieron.

“Se trataba de dos propuestas gravísimas que no podríamos por ningún motivo, y en la medida de nuestras posibilidades, dejar pasar, por tanto alertamos a los gobiernos que ya tenían reservas con la forma como estaba siendo abordada la legítima protección de ciudadanos, en general, y sectores vulnerables, en particular, contra la violencia y la injusta discriminación”, explica Neydy Casillas, directora para América Latina de Alliance Defending Freedom (ADF) International.

Se formó, por tanto, un bloque sólido, aunque pequeño, de tres países con una clarísima posición a favor de la vida y la familia: Paraguay, Guatemala y Santa Lucía, acompañada – sorprendentemente – por Bolivia, a quien le convenció la objeción levantada por el Congreso Hemisférico de Parlamentarios.

En la Declaración de México, firmada por casi un millar de legisladores del continente, se alerta la indebida injerencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materias fundamentales cuya discusión amplia y democrática debe darse en el Legislativo de cada país, lo contrario viola el Estado de derecho y la libre autodeterminación de los pueblos.

Esta ‘libre autodeterminación de los pueblos’, aunque con la perspectiva de ‘respeto a la soberanía nacional’ sumó a Bolivia.

Las presiones sobre este pequeño ‘dique’ fueron enormes. Cuando el canciller mexicano Luis Videgaray y el cuerpo diplomático que le acompañaba percibieron que la aprobación de la resolución corria riesgo implementaron una maniobra que podríamos resumir en la siguiente frase: “Menos género a cambio de consensos en derechos reproductivos”.

De acuerdo con Sergio Burga, del Population Research Institute, los mexicanos presionaron a los embajadores de otros países con párrafos alternativos más ‘tersos’, con menos términos ideológicos pero a cambio de llegar a consensos sobre derechos sexuales y reproductivos.

Esta posición aparentemente ‘conciliatoria’ pudo verse con claridad en la 47 Asamblea General de la OEA, realizada el año pasado en Cancún, México. Allí – después de constatar la participación y la incidencia de un vasto número de organizaciones provida y profamilia en el evento – Videgaray, en calidad de presidente, dirigió un discurso donde pidió al organismo hemisférico asumir una perspectiva de género, de vida y de familia”.

Tres graves derrotas para el lobby progresista, que creía que saldría de la asamblea con todo en el bolso

La articulación falló. La labor de las organizaciones provida y profamilia que participaban se había revelado eficaz. Muchas habían alertado a sus países sobre los párrafos problemáticos y les presionaron para que los rechazaran o, por lo menos, no los apoyaran públicamente dejando aislado al LGBT Core Group. Fue lo que aconteció por ejemplo, con la delegación diplomática del Perú.

Durante el Diálogo de la OEA con la Sociedad Civil, que aconteció el domingo 3, a la víspera de la 48 asamblea, las coaliciones ciudadanas provida y profamilia fueron mayoría. De las 31 intervenciones que hubo, 11 fueron de ellos. Solo 6 defendieron la agenda de ‘género’ y proaborto.

Además, el Congreso Hemisferico de Parlamentarios estaba presente, y el diputado uruguayo Carlos Iafigliola consiguió que Luis Almargo, secretario general de la OEA, los reciba en audiencia el próximo mes de agosto. Una reunión inédita.

¿El documento final sobre derechos humanos es, después de estas victorias, positivo?

“Evidentemente no. Es un mal documento que usa términos preñados de ideología para hablar de derechos humanos. No somos ingenuos y sabemos que hay mucho por hacer”, explica Casillas.

Burga suraya que la batalla es desigual. El lobby de género’ y proaborto usan la propia estructura de la OEA y cuentan con el respaldo, incluso financiero, de los países más ricos e influyentes de la región. Nosotros contamos solo con la labor de voluntariado de miles de ciudadanos. Tenemos que escoger batallas, no podemos todo.”

A pesar del todo, las ‘pequeñas grandes victorias’ que hemos relatado tienen un peso considerable. Rodrigo Ivan Cortés asegura convicto y contundente: “creo que nunca habíamos logrado tanto en una asamblea de la OEA”

Recapitulemos: el titulo para ese apartado en la resolución que el año pasado era “Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género” fue cambiado por uno más neutro: “Derechos humanos y prevención de la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI”. Y las expresiones “violencia homofóbica y transfóbica” fueron eliminadas.

Fue descartada la mención a la opinión consultiva de la Corte y fueron eliminadas las referencias al aborto a través de eufemismos. Tres graves derrotas para el lobby progresista, que creía que saldría de la asamblea con todo en el bolso.

Según dos testigos que presenciaron las negociaciones en la sala donde sesionaba la Comisión General de la 48 OEA, el último día los operadores del LGBT Core Group aseguraban que el resultado era “un verdadero retroceso”. El ‘pequeño dique’ rosa y celeste tronó la ola del robusto lobby ‘progresista’.