24 Jul Causal violación: defendiendo la maternidad
A los 16 años, fui violada por un agresor sexual y, a los 17, di a luz a mi hija fruto de un embarazo que no imaginé que iba a ocurrir. Así, cuando tenía cuatro meses de embarazo y cursaba el segundo semestre de 4to medio, supe que estaba embarazada. Nunca imaginé, tampoco, que fuésemos las mujeres madres sobrevivientes de violencia sexual las que tendríamos que sacar la voz en estos momentos; pero, frente al avance irreflexivo del proyecto de ley de aborto, hoy defiendo mi maternidad.
En el debate del proyecto de ley de “despenalización del aborto en tres causales” el senador Guido Girardi se refirió a nuestros hijos como «premios para el violador», en un arrebato de sinsentido e inhumanidad que lamento mucho por él. Lamento que, en sus hijos, él no vea la belleza única e irrepetible que son, sino que se vea a sí mismo: a su estirpe. Ahora bien, si fuera consecuente y coherente, ¿por qué no promueve también la vasectomía de todo violador? ¿Y por qué no también la pena de muerte a la descendencia continuadora de la «estirpe» del violador? La humanidad ha vivido el exterminio étnico, también el horror de la búsqueda de la pureza racial y vive el brutal terrorismo del fanatismo religioso.
De lo que habla el senador es de una selección más específica de aquellos con derecho a vivir: habla de la eliminación de la carga genética del violador porque —cito textual— «la lucha evolutiva es la lucha del esperma de transmitir sus genes de una generación a otra». Y por eso la sobrevivencia de su estirpe «es un premio, un regalo al violador». Bajo esta premisa, que él hace explícita públicamente, se puede entender al fin que la base en la que fundamenta su defensa del aborto en la causal violación no es otra cosa que una política de selección genética. Al decir estas palabras, el senador Girardi es incapaz de ver que, tal como el agresor se apropia del cuerpo de la mujer, cosificándola, avalar la deshumanización del hijo para eliminarlo es una expresión adicional de la misma violencia. En mi caso, tal como se repite en muchas víctimas de violación, mi hija mayor vive porque falló la inducción a la pérdida de mi embarazo al que me sometió el agresor sexual. Si esto hubiese ocurrido estando vigente el proyecto de aborto que se quiere aprobar, el procedimiento ya no fallaría y nuestra familia no tendría un lugar en nuestro país.
Durante el parto de mi hija, fui sometida a una cesárea de emergencia de la cual salí infértil, así que soy madre adoptiva de mis dos hijos menores. Con un grupo de familias amigas desde el año 2003 hemos estado promoviendo la adopción como alternativa de vida para las guaguas nacidas de madres en conflicto con sus embarazos. Y, como familia, en cinco oportunidades hemos solicitado, ante los Tribunales de Justicia competentes, la autorización para hacer efectivo el derecho de guaguas víctimas de infanticidio a tener un nombre y humanitaria sepultura, porque estábamos postulando a la adopción de nuestro tercer hijo cuando fue encontrada Aurora en el vertedero municipal de Lagunitas, en Puerto Montt, y no dejo de pensar que ella podría haber sido la guagua que estábamos esperando. Es así como mi maternidad se amplía y enriquece al ser madre biológica, adoptiva y póstuma; lo que me lleva a aprender que no hay hijos bien o mal concebidos sino bien o mal recibidos y que está en todos nosotros crear las condiciones para que puedan vivir en el cariño y protección de su familia biológica o adoptiva.
La causal «aborto por violación» del proyecto de ley «de despenalización del aborto en tres causales» va en el sentido opuesto al del apoyo a las mujeres madres agredidas sexualmente y hace más difícil la realidad que debemos enfrentar, porque se apropia del poder del Estado, de sus recursos, instituciones y legitimidad para usarlos como instrumentos de negación de la dignidad de nuestros hijos, transformándolos en hijos de «segunda clase» que viven por la voluntad y fuerza de las mujeres y sus familias; no porque el Estado les reconozca su derecho a la vida e igual dignidad que a los hijos nacidos de un embarazo deseado. No obstante este es el mismo Estado que suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan a los Estados participantes a proteger y promover la igual dignidad de todos sus miembros, evitando toda forma de discriminación y persecución de cualquier segmento de su población fundada en las razones que sean. Porque, contra la igual dignidad de todos, no hay argumentos legítima y humanamente aceptables.
Las leyes y políticas públicas deben permitir abordar los problemas de fondo de nuestro país y poder corregir las inequidades e injusticias por largo tiempo acalladas. Ese no es el marco del proyecto de ley que niega el derecho a la vida a las guaguas concebidas en la agresión sexual de las madres. Los problemas a los que este proyecto quita visibilidad y de los que se desentiende —conscientemente o por defecto— son otros: son las 1.622 denuncias por violación y las 5.254 denuncias por abusos sexuales que se presentaron en el país ante Carabineros de Chile (20.05.2017); son las decisiones como la de la exfiscal Huerta, actual directora del Sename, de archivar o no perseverar en más del 69% de las causas de delitos sexuales contra menores de edad (28.08.2016); son las 17 violaciones y los 34 abusos sexuales que se cometen diariamente en Chile, cuyas víctimas son en su mayoría menores de edad; son el hecho de que el 84% de estos ataques tiene como víctima a una mujer (23.08.2011).
La despenalización del aborto en la causal violación no amplia la autodeterminación en la vivencia de la sexualidad de las mujeres. Sí lo hace la prevención y sanción ejemplar de toda violación, abuso sexual y explotación sexual de niñas y niños menores de edad; el apoyo en el acompañamiento médico, psicosocial, educativo y laboral de las mujeres madres violentadas; las políticas y programas de adopción que ponen en el centro el interés de los niños y niñas, no los “derechos de sangre” de sus progenitores; la paulatina y constante erradicación de toda forma de violencia al interior de las familias y comunidades locales. Así se podrá avanzar más en poner fin a los círculos de violencia y hacer algo verdaderamente reparador por las mujeres víctimas de Chile, sus hijos y familias.