A propósito de transparencia y participación

A propósito de transparencia y participación

El Mercurio publicó recientemente una carta de la diputada Paulina Núñez. Nos llama la atención la forma en que la diputada se refiere al “Parlamento Abierto” como a una instancia que “promueve los más altos compromisos políticos para avanzar en la apertura de los parlamentos”, en circunstancias que la experiencia de esta iniciativa en Chile, da cuenta de una realidad muy distinta.

La diputada olvida mencionar que detrás de la acción globalista OGP (Open Goverment  Partnership) o “Alianza de Gobierno Abierto”, de la cual forma parte el Parlamento Abierto, se encuentran el Sistema de Naciones Unidas y el conglomerado Open Society Foundations, de propiedad del multimillonario George Soros, y que mediante una estrategia muy bien diseñada, han logrado en pocos años extender est  fórmula por todo el mundo, al punto que en la actualidad son ya 76 los gobiernos cuya adhesión han conseguido. Chile solicitó su ingreso el año 2011 –fuimos pioneros- y desde el 2012 vienen implementándose sucesivos planes de acción nacionales.

Con el sistema de Gobierno Abierto instalado en el país, resultaba fundamental comprometer la participación del poder legislativo en el OGP, pues ello favorece, entre otros, el cumplimiento de los planes de acción nacionales. El Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso fue creado con la misión específica de lograr este cometido, para lo cual contó con la asesoría del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, el PNUD y la participación de un sector de la sociedad civil afin a esta visión.

La semana pasada, en la 5º Cumbre Mundial de la Alianza de Gobierno Abierto, realizada en Tbilisi, Georgia, el gobierno de Chile, representado por la Segpres, expuso sobre la experiencia chilena en materias de probidad, transparencia y participación ciudadana. La favorable acogida de los asistentes a dicha presentación, vendría a demostrar, a juicio de la diputada, “que (en Chile) contamos con estándares elevados y, por lo demás, muy valorados en el exterior.”

Lo anterior se entiende ya que “en el exterior” no están al tanto de la realidad chilena, que dista mucho de ser motivo de orgullo nacional, y que consta a la diputada, por haber sido testigo presencial de la discriminación arbitraria de la cual fuimos víctimas un sector importante de la sociedad civil, tanto por parte de las organizaciones participantes del proceso, del PNUD, y del propio Grupo Bicameral, que ella preside.

La realidad es que la sociedad civil que no comparte ciertos puntos de la agenda del PNUD, simplemente no fue convocada para participar en este proceso que, contrario a lo que su nombre indica, no tiene nada de abierto. Esta marginación, además de ser antidemocrática y de vulnerar los principios de “transparencia, probidad y participación ciudadana” que se supone inspiran y justifican esta iniciativa, invalida el proceso y los acuerdos alcanzados, que representan una visión ideológica determinada, cual es la visión del PNUD.

Quizás ello explique también la molestia que nuestra presencia causó en los asistentes a la reunión del grupo de trabajo de Parlamento Abierto, la primera a la que tuvimos acceso, realizada en la sede del ex Congreso Nacional el 3 de mayo pasado, donde la propia diputada nos dejó en claro que “por ningún motivo” dejarían de cumplir los plazos acordados por incorporar a otros actores de la sociedad civil al proceso. Como se expresara en dicha reunión, lo anterior retrasaría el cambio cultural que esta iniciativa busca y que implica incluso la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Es muy probable que al ciudadano común, le resulte difícil dimensionar las graves consecuencias que la implementación de esta Alianza de Gobierno y el Parlamento Abierto tienen para nuestro país, y que dicen relación con los compromisos que Chile adquiere al adherir a ellas, pues a los gobiernos no les gusta informar a la ciudadanía sobre los costos que para el país tiene la llamada “cooperación internacional”, en términos de entrega de soberanía.

Carmen Croxatto, Paz Figueroa, Rebeca Garcés