07 Dic El colapso de una reunión del PNUD por Parlamento Abierto debido a reclamos de grupos cristianos y antiglobalistas en Chile.
Por Jaime Ortiz
El pasado lunes 19 de noviembre, a las 12:30 PM, en la Sala de Lectura del Senado en Santiago tuvo lugar la tercera reunión de ONGs representantes de grupos de interés de la sociedad civil al amparo del PNUD, organismo de la ONU que aboga por iniciativas de desarrollo social y derechos humanos, todo esto con miras a co-crear un tercer plan de acción de Parlamento Abierto.
La cita estuvo presidida por tres parlamentarios: la diputada Paulina Núñez (Renovación Nacional), y los senadores Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata Independiente). La primera asistió en calidad de presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia y el segundo en el rol de vicepresidente del mismo. Tras unas breves palabras, el Senador Coloma se fue del lugar de forma rápida.
En el lugar había alrededor de unos 30 representantes de ONGs y fundaciones de diversa índole, gran parte de ellas venían recién integrándose a estas instancias, ya que como hemos constatado ya había habido dos reuniones previas cada una de las cuales había concluido con un acta donde quedaban establecidos los avances de cada instancia y se manifestaban los temas pendientes.
¿Cuál es el fin de estos planes de acción?
Los planes de Acción de Parlamento Abierto son instancias gestadas por el Congreso Nacional de Chile, bajo la tutela de Open Government Partnership (OGP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El OGP es una ONG internacional enfocada en fomentar el Gobierno Abierto, doctrina política que busca radicalizar la democracia, de forma que los ciudadanos puedan, especialmente gracias a las nuevas tecnologías, tener influencia directa en la política, exigiendo más transparencia de parte de los tomadores de decisión e influyendo en la gestación de políticas públicas, entre sus principales donantes se encuentra la controvertida Open Society Foundation del magnate progresista George Soros.
El PNUD es un órgano de Naciones Unidas que se encarga de velar de la primacía de la democracia en los países del globo y preservar la doctrina igualitaria de derechos humanos.
Según constata el documento oficial del Segundo Plan de Acción de Parlamento Abierto 2017-2018, el Congreso considera “importante que los poderes legislativos participen de OGP por varias razones, favorecen el cumplimiento de los planes de acción nacionales; es una oportunidad para que los parlamentos mantengan un diálogo formal con la sociedad civil organizada; y por medio de la metodología y seguimiento que se realiza a los compromisos se puede avanzar de forma sistémica en el fortalecimiento de los estándares de ética, probidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.”
Según la IV Encuesta de Auditoría de la Democracia del PNUD del año 2016, el proceso de Parlamento Abierto –que conlleva la modificación de la Ley Orgánica del Congreso de Chile-, sería uno de los más importantes para recuperar la confianza ciudadana en el Congreso y fortalecer la democracia representativa, a través de un mejor y mayor involucramiento de la ciudadanía en el proceso legislativo.
De acuerdo al Senado, el documento que contiene el II Plan de Acción, habría sido elaborado de manera participativa por el Grupo Bicameral de Transparencia, presidido desde su creación por el senador Hernán Larraín (UDI), el PNUD, el Instituto Nacional Demócrata (NDI) – proveniente de Estados Unidos-, y un grupo de organizaciones de la sociedad civil afines a la agenda del PNUD, en el marco del OGP.
El II Plan de Acción comenzó oficialmente a gestarse en mayo de 2017, y a efectos de plan de trabajo se tuvo como resultado la identificación una serie de problemáticas que derivaron en propuestas y compromisos, priorizándose 6 con plazo a junio de 2018 para la generación de avances significativos.
Así, los objetivos fijados al concluir dicho plan fueron:
1) Reforma de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (LOC)
2) Crear un registro de participantes en las sesiones de comisiones
3) Promover un programa tecnológico para implementar el Registro de Participantes de Comisiones
4) Establecer plataformas virtuales de participación ciudadana en el proceso legislativo
5) Perfeccionar el registro del debate en comisiones
6) Generar un banner de Participación Ciudadana en el proceso legislativo.
El trabajo del Tercer Plan de Acción
Al iniciar la presentación de la nueva instancia de trabajo conjunto, la diputada Núñez explicó que de los 6 objetivos trazados dos estaban bien avanzados, siendo estos los puntos 3 y 4 del ítem anterior, a su vez los dos primeros presentaban un avance parcial y los dos últimos siguen en pañales.
A su vez, el PNUD y el OGP establecieron trabajar en tres áreas, dividiendo a los participantes en tres grupos: Transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología + innovación. Se recomendaba tocar temas como participación regional, oficinas distritales comunes, transparencia presupuestaria, oficina técnica presupuestaria y evaluación de ley de lobby.
Al conformar los grupos una aplastante mayoría se volcó al grupo destinado a participación ciudadana y al poco andar llegaron más personas interesadas en este ítem, debiendo ese grupo escindirse en dos.
La lluvia de críticas por irregularidades y peligro para la soberanía nacional
Tras lo que parecía un quieto debate, exceptuando el grupo mayor, la diputada Núñez, esta vez sola, tomó el micrófono para señalar el siguiente momento de la reunión con el fin de sacar en limpio lo avanzado, sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas ante la protesta de Cecilia Freire, de la Fundación Defiendo Chile, por la aseveración de la parlamentaria respecto de la nominación de representantes que participaron de una reunión anterior, debido a que según Freire las organizaciones cristianas tuvieron derecho en conjunto a sólo una representante para chequear un borrador del plan confeccionado sólo por 8 ONGs que trabajaron a puertas cerradas.
Núñez respondió a Freire que la nominación de esa representante vino de estas mismas 12 fundaciones cristianas, lo cual fue negado por dicho grupo, emplazando a Núñez con la evidencia en video de que la nominación a dedo de esta representante fue hecha por ella misma. Esta polémica generó impasividad en los presentes y uno a uno algunos fueron tomando la palabra.
Daniel Oyarzún, de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales y de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Implementación de la Ley. 20.500, cuestionó a la diputada del por qué la lentitud en la creación de un Consejo de la Sociedad Civil, a lo que Núñez contestó de forma dubitativa debido a que ella lleva sólo desde marzo trabajando en el tema y no recibió avances previos de dicha materia.
Sin embargo, y en contraposición a lo planteado por Oyarzún, Marcela Aranda del Observatorio Legislativo Cristiano tomó la palabra para cuestionar fuertemente no sólo la gestión de Nuñez, sino la validez de todo el proceso en cuestión, el cual sería en extremo nocivo para Chile en temas de soberanía y libertades, a dicha crítica se sumaron cada vez con más fuerza las voces de otras fundaciones cristianas y antiglobalistas que exigían la anulación del plan de acción.
De forma casi completa estas fundaciones cristianas y antiglobalistas se encontraban en el grupo de trabajo de Participación Ciudadana, Pamela Pizarro, directora ejecutiva de la Fundación Cuide Chile comentó a Diario Agrícola que el trabajo en dicho grupo fue imposible de realizar desde un comienzo ante la molestia de las Organizaciones que habían sido marginadas de reuniones anteriores: “Durante la actividad me di cuenta que PNUD y la Comisión Bicameral hicieron varias actividades como talleres, charlas, coloquios; sin embargo no se nos invitó a todos. Yo estuve en la primera reunión y me inscribí, pero no me envían invitación a los talleres donde se están creando estos reglamentos.”
Consultada por la percepción de su fundación sobre el proceso en genera, Pizarro agrega: “El Congreso es una institución pública que debe estar abierta a toda la ciudadanía sin excepción […] (pero) este plan genera instancias que son altamente discriminatorias y conlleva exigencias que no son accesibles a todas las personas naturales y tampoco jurídicas, dejando al margen a muchas personas que podrían aportar y que tienen derecho a participar en la discusión legislativa.“ Así, Pizarro nos comenta que el PNUD está creando un nuevo cuerpo intermedio con dudosos y arbitrarios mecanismos de filtración para conformar esta figura del Parlamento Abierto.
A su vez, la mencionada Cecilia Freire de la Fundación Defiendo Chile declaró a nuestro medio que el peligro no está en las buenas intenciones aparentes de la instancia sino en que ésta está siendo “regulada por grupos pequeños y a puertas cerradas, por ejemplo para esta reunión no hubo llamado público o al menos a las organizaciones que ya nos habíamos inscrito”, Freire comenta que una de las personas que acompañaba a su grupo tuvo que indagar en la web para descubrir que se realizaría esta cita.
Para Freire lo que agrava y ejemplifica aún más esta irregularidad es que después de la reunión en la que se dejó a las 12 fundaciones cristianas poner una representante común designada por Paulina Núñez, “se hizo una presentación en la que se expuso un documento del cual se nos hacía a nuestras organizaciones responsables de haberlas coescrito en conjunto con las otras ONGs, siendo que sólo se nos mandó un borrador unos días antes que no tuvo ninguna acotación nuestra, además en la presentación había fotos de reuniones en las que no aparecíamos y que hicieron totalmente por su cuenta.” Freire dice que su fundación exige “volver a comenzar este proceso desde cero y con un mecanismo realmente transparente.”
Más tranquilo estuvo el debate en el sector de discusión sobre transparencia y rendición de cuentas, sin embargo algunos organismos también presentaron sus críticas en esta instancia, Juan Cristóbal Demian, director ejecutivo del Centro de Estudios Libertarios participó de este grupo y constató a Diario Agrícola: “Como organización preocupada del gasto público y el beneficio de los contribuyentes nos parece aceptable lo que se plantea en materia de transparencia en cuanto a las malas prácticas en las que incurren los parlamentarios, sin embargo vemos con preocupación que ONGs posiblemente vinculadas a la izquierda hagan hincapié en crear institucionalidad externa de rendición de cuentas para los parlamentarios, nos parece que raya en la inconstitucionalidad y pone a la política nacional al arbitrio de organizaciones que no rinden cuenta ante nadie excepto sus propios intereses, en este mismo sentido nos parece que no hay nada más peligroso para un ciudadano contribuyente que le cambien las reglas del juego, no veo cómo un Consejo de la Sociedad Civil, que sería una instancia radical de este discurso, pueda ser un aporte al bien común si está susceptible al control de lobbys ideológicos que están en contra de una sociedad libre.”
Demian además añadió: “Es preocupante cómo parlamentarios de la República son tan poco serios de no visualizar el problema institucional de ceder tanto espacio político y moral a organismos internacionales, el Senador de Urresti dijo al comenzar la jornada que había que “seguir corriendo los límites de la democracia”, la pregunta es si eso implica desconocer y malograr nuestra institucionalidad vigente.”
En dicha mesa también un representante del mundo cristiano señaló la falta de transparencia de los lobbys que estaban dispuestos a ejercer el rol de fiscalizadores del trabajo parlamentario, ya que la ciudadanía quedaría en completa ignorancia de los intereses políticos e ideológicos detrás de estos organismos que dicen representar a la sociedad civil.
Mucho más consenso hubo en la discusión sobre tecnología e innovación, donde se detectó que los temas de mayor interés son la protección de la información de datos personales en la red, las competencias digitales para participar de un eventual Parlamento Abierto de índole virtual, la falta de interpareabilidad, es decir, de uso de software compatible entre distintas instancias del Estado y cómo integrar a quienes no están participando del proceso.
El colapso final de la reunión
Cerca de las 3 de la tarde, tras una acalorada discusión entre los críticos del proceso y la diputada Núñez respaldada por algunas ONGs de izquierda, la parlamentaria intentó cerrar la discusión con un tono más duro y declaró que estas organizaciones opositoras “no pueden desconocer el proceso ya iniciado” y que “se iba a avanzar igual”, las personas que a viva voz le recriminaban a la diputada la exclusión de fundaciones no progresistas al proceso encontraron la siguiente respuesta de Núñez: “son las organizaciones más organizadas las que participaron desde un comienzo y se informan mejor de las reuniones”, sin embargo y ante la inclemencia de la crítica, la centroderechista sentenció: “si no les gusta nuestra gestión no voten por nosotros”, a lo que fue respondida con un unánime: “no lo haremos”.
Minutos más tarde y sin haber encontrado calma y consenso, la diputada se paró y se fue, quedando la sesión completamente inconclusa.