19 Oct Las 17’ de El Salvador: un caso de impunidad por infanticidio en nombre del aborto
* Por Ligia de Jesús Castaldi
La despenalización del infanticidio parece ser la próxima frontera en la defensa del aborto, tanto a nivel nacional como internacional. El Centro de Derechos Reproductivos, una organización con sede en Estados Unidos, y su principal afiliada en El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, abogó por la liberación de al menos veintitrés mujeres que fueron condenadas por homicidio criminal por un tribunal de justicia en El Salvador después de que mataron a sus hijos recién nacidos.
El grupo de reclusas se llama ‘Las 17’ en campañas mediáticas, cifra emblemática en alusión a la defensa de las organizaciones de más de diecisiete mujeres acusadas y condenadas por infanticidio. A principios de 2020, el litigio resultó en la liberación de al menos nueve condenados en libertad condicional o conmutación (indulto o clemencia otorgado por el presidente del país) y la revocación de cinco condenas.
Esto hace un total de al menos catorce reclusas liberadas, que habían estado cumpliendo sentencias de prisión por homicidio criminal de sus propios hijos biológicos poco después del nacimiento. Los tribunales salvadoreños tomaron en cuenta posibles motivos de defensa, como la locura, la disminución de la capacidad mental o el trastorno emocional extremo. En casi todos los casos, los tribunales dieron a los perpetradores la pena mínima establecida para homicidio criminal.
Los niños recién nacidos víctimas de estos delitos sufrieron una violencia indescriptible. Los bebés asesinados por ‘Las 17’ fueron golpeados, apuñalados, estrangulados y ahogados en inodoros y fosas sépticas. Sus cuerpos fueron desechados de manera degradante e inhumana y encontrados pudriéndose entre los desechos humanos, en bolsas plásticas o cajas de cartón; algunos cuerpos fueron abandonados en los campos y parcialmente devorados por animales salvajes. VIDA SV, una organización provida de El Salvador, ha publicado documentos judiciales que contienen más detalles sobre los hechos de cada caso, evidencia fotográfica, juicio, condena y apelaciones en tribunales salvadoreños (se aconseja discreción).
En el caso ‘Las 17’, la defensa del aborto por la impunidad del infanticidio no se presenta abiertamente como tal; se la califica como una lucha por la despenalización del aborto en El Salvador y América Latina. Los hechos de cada caso, corroborados por pruebas científicas y documentales, así como testimonios de testigos, todos conocidos por el Centro de Derechos Reproductivos y su filial, han sido en todos los casos deliberadamente distorsionado para ocultar o minimizar la muerte de un recién nacido a manos de su madre. El homicidio agravado de recién nacidos se ha caracterizado erróneamente como «aborto», «aborto espontáneo» o «emergencia obstétrica».
La macabra propuesta de tolerar el infanticidio, en nombre del derecho al aborto, ha mostrado al mundo la lógica infanticida del aborto y un lado más oscuro del movimiento internacional proaborto
El celo por cualquier causa, incluida la causa del aborto, no le da a uno una licencia para mentir. El derecho penal salvadoreño no penaliza el aborto espontáneo o el aborto involuntario, es decir, la muerte involuntaria de un feto. Tampoco penaliza las emergencias obstétricas. De hecho, en 2007, la Corte Suprema de El Salvador interpretó que su Código Penal contenía una defensa de «necesidad» (estado de necesidad) para el aborto cuando la vida de la madre está en peligro al llevar el embarazo a término. Las leyes penales de El Salvador, como las de al menos otros veintitrés países latinoamericanos, castigan el aborto electivo.
Sin embargo, la ley no parece aplicarse contra las mujeres, ya que informes oficiales indican que actualmente no hay mujeres encarceladas por aborto inducido en El Salvador, incluso en el raro caso de una condena. Las organizaciones a favor del aborto que promueven los litigios de ‘Las 17’ y ‘El Caso Manuela‘ afirman que los convictos por infanticidio son mujeres encarceladas por tener abortos, abortos espontáneos o emergencias obstétricas.
En una era de «noticias falsas», la campaña para la liberación de ‘Las 17’ condenadas por infanticidio es una ilustración perfecta de la difusión masiva de información falsa. Declaraciones públicas contra la prohibición de El Salvador que exigen libertad para ‘Las 17’ fueron emitidas por Naciones Unidas órganos de derechos humanos y Actrices de Hollywood, como Alyssa Milano, Sarah Hyland y Padma Lakshmi.
Los embajadores europeos y canadienses quebrantaron las reglas diplomáticas al patrocinar la defensa del aborto eventos ‘Las 17’ y algunas de ellas incluso hicieron apariciones en las audiencias del juicio. Asimismo, en noviembre de 2019, Congresistas demócratas de Estados Unidos Stephanie Howse, Merika Coleman, Cindy Polo, Raquel Teran y Nikema Williams viajaron a El Salvador y se fotografiaron con trece reclusas, condenando a El Salvador por su encarcelamiento.
Según los defensores del aborto involucrados en la campaña, las perpetradoras de infanticidio, no sus hijos, son víctimas de violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente recibió fondos perdidos del gobierno de EE. UU. por presionar a los países latinoamericanos provida para que despenalicen el aborto, audiencias públicas y repetidamente urgen a El Salvador a revisar las condenas de ‘Las 17’ encarceladas por homicidio criminal de sus propios hijos y, finalmente, liberarlos. La CIDH también presentó una demanda contra El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la condena de una de las mujeres, ‘Manuela’ (seudónimo), condenada en 2008. La CIDH afirmó que la condena presuntamente ilícita de Manuela, como las de ‘Las 17’ , fue causada por la prohibición total del aborto voluntario en El Salvador. Guardó silencio sobre cualquier violación de los derechos del niño.
La campaña contra El Salvador va más allá del infame proyecto de ley de Virginia que permite el asesinato de sobrevivientes de abortos (“aborto postparto”) o el Protocolo de Groningen holandés que permite el asesinato de niños recién nacidos gravemente discapacitados (eutanasia neonatal). En cambio, propone la aplicación de una «Perspectiva de género» para el enjuiciamiento penal, según el cual el género femenino del perpetrador reduciría el grado criminal, reduciría las penas o eliminaría por completo el delito contra un niño muy pequeño.
No está claro si el litigio conducirá realmente a la despenalización del aborto o la impunidad por infanticidio en El Salvador, que, a pesar de su pobreza y múltiples problemas políticos, ha tenido una de las tradiciones legales provida más fuertes en América Latina. Sin embargo, el litigio parece haber insensibilizado un poco a la opinión pública ante el asesinato de niños no nacidos y recién nacidos. Varios funcionarios gubernamentales, incluido un juez de la Corte Suprema, han apoyado activamente la campaña y han abogado por la tolerancia del infanticidio y la despenalización del aborto.
En todo caso, la macabra propuesta de tolerar el infanticidio, en nombre del derecho al aborto, ha mostrado al mundo la lógica infanticida del aborto y un lado más oscuro del movimiento internacional proaborto, que parece estar radicalizándose hasta extremos antes inimaginables. El tratamiento del aborto y el infanticidio como equivalentes, por parte de las organizaciones proaborto involucradas en este litigio, obviamente tiene la intención de engañar al público; pero también parece basarse en el mismo desprecio por la vida del feto y del recién nacido.
El argumento de que el sexo por sí solo justifica el asesinato deliberado del propio hijo en ambas situaciones también es muy revelador. Parece confirmar lo que los provida han sabido desde el principio, a saber, que el aborto y el infanticidio no son tan diferentes después de todo.
* Publicado originalmente en The Poublic Discourse.